Hacienda te reclama la deuda de tu sociedad: cuándo puede hacerlo y cómo defenderte

Cerraste la sociedad. Quizá pediste el concurso a tiempo y pensaste que con eso el asunto quedaba atrás. Y meses o años después llega una carta de la Agencia Tributaria, esta vez a tu nombre: te comunica que va a reclamarte a ti, como administrador, la deuda que dejó la sociedad. Es una carta que cuesta abrir: mezcla vergüenza, miedo y la sensación de que cerrar bien la empresa no ha servido de nada. Esta guía explica qué es esa reclamación —la «derivación de responsabilidad subsidiaria»—, qué tiene que demostrar Hacienda y qué hacer en los primeros días, con una sentencia real de 2025 como ejemplo. No es una garantía para tu caso: cada derivación se decide por sus hechos.

Respuesta rápida

Hacienda puede reclamarte la deuda de tu sociedad si eres (o fuiste) administrador de hecho o de derecho, la sociedad cometió infracciones tributarias y se te puede reprochar una conducta concreta: no hacer lo necesario para cumplir, consentir el incumplimiento de quienes dependían de ti o adoptar acuerdos que lo hicieron posible (art. 43.1.a) de la Ley General Tributaria). No es automático: haber sido administrador no basta, y antes deben haberse declarado fallidos el deudor principal (la sociedad) y, en su caso, los responsables solidarios (art. 41.5 y art. 176 LGT). Según el Tribunal Supremo, esta responsabilidad tiene naturaleza sancionadora y es Hacienda quien debe probar tu culpa. Si te llega el acuerdo de inicio, tienes 15 días para alegar (como regla general, hábiles): no es el momento de esperar.

Qué es la derivación y qué tiene que demostrar Hacienda

La deudora es la sociedad. Si se acredita que no tiene bienes suficientes para pagar, en todo o en parte, y Hacienda no consigue cobrar, la declara fallida (el art. 124.4 del Reglamento General de Recaudación prevé expresamente la insolvencia parcial). El concurso y el fallido tributario son figuras distintas: una no sustituye a la otra. Solo después puede Hacienda dirigirse a otras personas señaladas como responsables, entre ellas el administrador, y por eso se llama «subsidiaria». Antes de declarar la responsabilidad sí puede adoptar medidas cautelares.

Tres detalles: la responsabilidad alcanza también a las sanciones; alcanza al administrador de hecho, no solo al inscrito; y no es un procedimiento penal, aunque el Supremo le reconoce naturaleza sancionadora a efectos de garantías.

Para que prospere una derivación por el art. 43.1.a) deben coincidir cuatro cosas, tal como las resume la sentencia que veremos más abajo: que la sociedad haya cometido una infracción tributaria; que fueras administrador; que no se te pueda atribuir el supuesto de responsabilidad solidaria del art. 42.1.a) LGT; y que se te pueda imputar alguna de las tres conductas de la norma. La infracción de la sociedad es un presupuesto necesario pero no suficiente: Hacienda debe acreditar una conducta propia y culpable tuya, y motivar cuál se te reprocha y por qué.

El Supremo lo ha dicho así. Según la nota oficial del Consejo General del Poder Judicial sobre su sentencia de 20 de mayo de 2025 (recurso de casación 3452/2023, ECLI:ES:TS:2025:2161; ficha en CENDOJ), esta responsabilidad «tiene naturaleza sancionadora», la prueba del hecho y de la culpabilidad corresponde a la Administración «no siendo posible la inversión de esa carga», y esta debe precisar la conducta que determina la negligencia, sin fórmulas estereotipadas (nota del CGPJ).

Un caso real: la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 11 de septiembre de 2025

La sentencia 628/2025, de la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, resolvió un caso que cualquier administrador puede reconocer. Lo contamos sin nombres.

Los hechos. Según la demanda, una administradora única de una sociedad limitada solicitó su concurso en octubre de 2020; el juzgado lo declaró en noviembre y, al no haber bienes ni para pagar los créditos contra la masa, lo concluyó en el mismo auto. Tiempo después, Hacienda le derivó como responsable subsidiaria la deuda de IVA de varios ejercicios. El tribunal económico-administrativo lo confirmó y ella recurrió a la vía contenciosa.

Qué dijo el tribunal. Hacienda daba por acreditada la infracción de la sociedad y que ella era la administradora, y sostenía que sobre ella pesaba una presunción de culpa. La Sala respondió que esa motivación era genérica y servía «para cualquier otro supuesto», que no identificaba cuál de las conductas del art. 43.1.a) se reprochaba y que invertir la carga de la prueba choca con el carácter sancionador de esta responsabilidad. Estimó el recurso, anuló las resoluciones y condenó en costas a la Administración.

Lo que esta sentencia no dice, para no pedirle más de lo que da:

• No decide la prescripción que también se discutía: resolvió por la falta de motivación.
• No examina si, con otra motivación, la derivación habría sido posible. Anula por defectuosa; no declara que un administrador no pueda responder nunca.
• Es firme, pero resuelve un solo caso. La firmeza afecta a las partes del proceso, no convierte lo que dice en regla para otros administradores.
• No constituye jurisprudencia del Tribunal Supremo. Solo la doctrina reiterada del Supremo complementa el ordenamiento (art. 1.6 del Código Civil).

Lo que sí muestra es un patrón: cuando Hacienda se limita a decir «la sociedad infringió y tú eras el administrador», esa motivación puede no bastar.

¿Pedir el concurso a tiempo te protege?

Ayuda, pero no es una vacuna. La ley obliga al deudor insolvente a solicitar el concurso en los dos meses siguientes a conocer o deber conocer su insolvencia actual (art. 5 de la Ley Concursal), y cumplirlo es un dato de diligencia. Ojo con las fechas: durante la pandemia ese deber estuvo suspendido, hasta el 31 de diciembre de 2020 en la redacción original de la Ley 3/2020 y después hasta el 30 de junio de 2022 (art. 6).

En el caso descrito, Hacienda defendió que pedir el concurso en plazo no elimina el deber general de diligencia con las obligaciones tributarias y que el reproche era otro (haber autoliquidado menos IVA del debido). La sentencia no resolvió esa discusión. Y cerrar la sociedad tampoco te saca del radar: allí la derivación llegó después de concluido el concurso.

Qué hacer si te llega el acuerdo de inicio

1. Lee la notificación entera: qué deudas y ejercicios reclama, el plazo para alegar y los recursos que caben.
2. Respeta la audiencia. Son 15 días desde el día siguiente a la notificación de su apertura (art. 124.1 del Reglamento General de Recaudación). Esa norma no dice si son hábiles; la regla general es que los plazos por días se cuentan en días hábiles (art. 30.2 de la Ley 39/2015), pero comprueba en tu notificación cuándo vence. Hacienda tiene seis meses para notificar la resolución.
3. Pide el expediente. Hay que revisar las liquidaciones y sanciones, las actuaciones de cobro, el fallido y la prueba de tu conducta. La ley permite discutir el presupuesto de la derivación y las liquidaciones a las que alcanza, pero no reabrir las que ya son firmes para otros (art. 174.5 LGT).
4. Alega y revisa la prescripción. El derecho a exigir el pago prescribe a los cuatro años (art. 66.b) LGT), y para el responsable subsidiario se cuenta desde la última actuación de cobro practicada al deudor principal o a un responsable solidario (art. 67.2). Si el deudor principal estaba en concurso, el Supremo ha declarado (sentencia de 29 de mayo de 2026, recurso 8410/2023, ECLI:ES:TS:2026:2408; ficha en CENDOJ) que el plazo se cuenta desde que la insolvencia quedó suficientemente constatada con datos objetivos del concurso, aunque el fallido se declare después. Qué fechas cuentan en tu caso lo calcula un abogado con el expediente delante.

Si se declara tu responsabilidad, los plazos para recurrir son cortos: un mes para el recurso de reposición, que es voluntario (art. 223), o para reclamar ante el tribunal económico-administrativo (art. 235); después, dos meses para el contencioso desde la resolución que agota la vía administrativa (art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). Recurrir no paraliza por sí solo el cobro de la deuda tributaria: como regla general hay que pedir la suspensión y ofrecer garantía; en la vía económico-administrativa el tribunal puede dispensarla, total o parcialmente, si ejecutar causaría perjuicios de difícil reparación (arts. 224.1 y 233.4 LGT). Las sanciones derivadas recurridas en plazo se suspenden sin garantía mientras no sean firmes en vía administrativa (art. 212.3), y en el contencioso la suspensión se mantiene si lo comunicas a Hacienda en plazo y la pides al tribunal (art. 233.11).

Y si la derivación se mantiene: ¿qué pasa con esa deuda?

El acuerdo declara tu obligación personal de responder de lo que incluya, y puede ser exigible aunque lo hayas recurrido si no se suspende: la firmeza es otra cuestión. Si se mantiene, es una deuda tuya de persona física, y la Ley de Segunda Oportunidad puede ser una salida, con dos cosas que conviene saber:

• La deuda pública se exonera en parte. Según el Supremo (sentencias 260/2026 y 264/2026, de febrero de 2026), el límite se aplica a todo crédito de Derecho público y por cada acreedor público: se exoneran íntegros los primeros 5.000 € de su crédito y, a partir de ahí, el 50 %, hasta un máximo de 10.000 € exonerados. Los créditos públicos que merezcan la consideración de subordinados no están sometidos a esa limitación (resumen oficial del Supremo). El beneficio se refiere a la primera exoneración y las multas penales y las sanciones administrativas muy graves quedan fuera (art. 489). Cómo encaja una deuda derivada y la parte que sea sanción se analiza caso a caso.
• Una derivación firme no cierra automáticamente la puerta. El art. 487.1.2.º menciona los acuerdos firmes de derivación de los diez años anteriores, pero el Supremo (sentencias 261, 262 y 263/2026, de 18 de febrero de 2026) ha declarado que, mientras no conste que la derivación procede de una conducta fraudulenta equiparable a las que merecen sanción por infracción muy grave, esa causa de exclusión carece de justificación. En la 263/2026 la derivación era del art. 43.1.a) LGT y no constaba esa conducta. Hay que estudiar en qué se funda cada derivación.

Si además arrastras avales o préstamos de la empresa, te ayudará nuestro artículo sobre qué hacer cuando has cerrado tu empresa y arrastras deudas personales y la guía de Ley de Segunda Oportunidad para autónomos.

Cuándo la respuesta es «no» o «depende»

• Si Hacienda identifica y prueba una conducta concreta tuya, la derivación puede ser válida, siempre que se cumplan los demás requisitos. Que una sentencia anule una derivación mal motivada no significa que todas lo estén.
• Si no alegas ni recurres en plazo, el acuerdo puede ganar firmeza y dejar de poder discutirse.
• Si la deuda abarca varios ejercicios, la prescripción puede tener un cómputo distinto para cada uno.

Preguntas frecuentes

¿Pueden reclamarme la deuda de mi sociedad si ya hice el concurso?

Sí, puede ocurrir: en el caso de la sentencia, la derivación llegó después de concluido el concurso. Pero no es automático. Hacienda debe haber declarado fallidos al deudor principal y, en su caso, a los responsables solidarios, y debe motivar qué conducta concreta se te reprocha. Haber pedido el concurso a tiempo juega a tu favor, pero no impide por sí solo la derivación.

Dejé los impuestos en manos de una gestoría: ¿me libra eso?

Depende. El art. 43.1.a) alcanza a quien no hizo lo necesario para cumplir o consintió el incumplimiento de quienes dependían de él. Delegar no te exime sin más, pero acreditar qué supervisaste y qué instrucciones diste puede ser una parte importante de tu defensa.

¿Prescribe la deuda que me reclaman?

Puede. El derecho de Hacienda a exigir el pago prescribe a los cuatro años y, si la sociedad estaba en concurso, el plazo puede empezar antes de la declaración formal de fallido. Depende de las fechas del expediente, y la sentencia del TSJ no resolvió la cuestión.

¿Puedo acogerme a la Ley de Segunda Oportunidad por la deuda que me deriven?

Es una vía posible, con los límites vistos para la deuda pública. Una derivación firme no impide por sí sola la exoneración: según el Supremo, la causa de exclusión del art. 487.1.2.º solo se justifica si procede de una conducta fraudulenta equiparable a una infracción muy grave. Qué fundamento tiene tu derivación es lo primero que hay que estudiar.

Si has recibido la carta de Hacienda

No la dejes en un cajón. Lo primero que necesita un abogado es la notificación completa y las fechas de tu paso por la sociedad. Si además arrastras deuda personal y quieres saber si la Ley de Segunda Oportunidad te encaja, haz el test de viabilidad: es orientativo y no sustituye al estudio de tu caso. Si no eres candidato a la exoneración, te lo decimos y te orientamos hacia lo que sí puede ayudarte.