De todas las cartas que llegan cuando las cosas van mal, las de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social son las que más miedo dan. El apremio, el recargo, el embargo de la cuenta sin pasar por un juez — la deuda pública aprieta distinto, y alrededor de ella circulan los dos mitos más caros de la Ley de Segunda Oportunidad: «lo de Hacienda no se toca» y «se cancela todo, también lo público». Los dos son falsos. La ley dice algo más útil y más incómodo: la deuda pública se exonera en parte, con límites por tramos y por acreedor — y con una excepción, la de los recargos e intereses, que juega a tu favor más de lo que casi nadie te cuenta. Quien te dé una respuesta sin haber mirado la composición de tu deuda —cuánto es cuota, cuánto recargo, con qué administración, con qué título— te está respondiendo de memoria. Vamos a lo que dice la norma.
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El artículo 489 del TRLC somete el crédito de Derecho público a un régimen de exoneración parcial y con límites. Lo que ese régimen alcanza acaba de cambiar: en las sentencias de 18 de febrero de 2026 (STS 259/2026 a 264/2026), el Tribunal Supremo fijó doctrina en tres puntos que importan mucho más que la letra del artículo.
Primero, el régimen no se limita a la AEAT y a la Seguridad Social: alcanza a cualquier acreedor de Derecho público, incluidos ayuntamientos, diputaciones y administraciones autonómicas. Segundo, el límite se calcula por cada acreedor público, no como una bolsa común para toda tu deuda con la administración. Y tercero, el más desconocido: esos límites operan sobre el principal —los créditos privilegiados y ordinarios—, mientras que los créditos públicos subordinados, que son señaladamente los recargos y los intereses de demora, son plenamente exonerables sin consumir el tope, siempre que tengan esa calificación concursal — se comprueba recibo a recibo, no se presume.
Sobre el principal, la regla es: íntegros los primeros 5.000 € y el 50 % de lo que exceda, con un máximo de 10.000 € de exoneración por acreedor. El importe que no se exonere sigue siendo exigible, y habrá que pagarlo o pedir aplazamiento o fraccionamiento según la normativa del organismo acreedor.
Cómo funcionan los límites, con números
La regla opera por cada acreedor público y sobre el principal de la deuda. Los recargos e intereses van aparte —ver el apartado siguiente—, así que estos números son el suelo de lo que puedes recuperar, no el techo:
- Debes 4.000 € a Hacienda → dentro del tramo íntegro: puede exonerarse todo, si el expediente prospera.
- Debes 8.000 € a la Seguridad Social → 5.000 € íntegros + 50 % de los 3.000 € siguientes = hasta 6.500 € exonerables; quedarían 1.500 €.
- Debes 15.000 € a Hacienda → 5.000 € íntegros + 50 % de los 10.000 € siguientes = el máximo de 10.000 € exonerables; quedarían 5.000 €.
- Debes 12.000 € a Hacienda y 9.000 € a la TGSS → los límites se aplican por separado a cada una: hasta 8.500 € con Hacienda y hasta 7.000 € con la Seguridad Social. Y si además te reclama el ayuntamiento, ese acreedor tiene su propio tramo.
Dos matices honestos. Primero: estas cifras son el techo legal del tramo, no una promesa — la exoneración exige que el conjunto del expediente cumpla los requisitos de buena fe. Segundo: hasta febrero de 2026 la interpretación de estos límites estaba en disputa y muchos despachos siguen explicando la versión antigua, la que solo miraba a Hacienda y a la Seguridad Social. Si lees algo que no mencione la doctrina del Supremo de 2026, está desactualizado.
Y el resto de la deuda pública, ¿qué?
Antes de resignarte al exceso, hay que hacer una cuenta que casi nadie hace.
Los recargos y los intereses no son principal. Cuando una deuda con Hacienda o con la Seguridad Social lleva años creciendo, buena parte de lo que figura en la carta de apremio no es la cuota original sino recargo de apremio e intereses de demora. Cuando esos conceptos tienen la consideración concursal de crédito subordinado —hay que comprobarlo, no darlo por hecho—, la doctrina del Supremo de 2026 los declara plenamente exonerables, sin consumir el tope que se aplica al principal. Las sanciones siguen la misma suerte, salvo las que vengan de infracciones muy graves.
Traducido: dos personas que deben «lo mismo» pueden acabar de forma muy distinta según cómo esté compuesta esa cifra. Por eso el primer trabajo del expediente no es mirar el total de la carta, sino pedir los certificados de deuda y desglosar principal, intereses, recargos y sanciones, con su clasificación concursal.
Y para lo que sí queda pendiente:
- Pago, aplazamiento o fraccionamiento según la normativa de cada organismo acreedor. No todos los conceptos ni todas las situaciones recaudatorias admiten las mismas soluciones, así que esto se comprueba, no se promete.
- La exoneración con plan de pagos obliga a proponer un calendario también para lo que no se exonera. Ordena el escenario, pero no sustituye por sí sola las reglas administrativas de aplazamiento de cada Administración.
Los embargos y apremios en marcha
La Administración embarga por vía propia, sin juez, y por eso cuando llega el apremio la sensación es de que ya no hay nada que hacer. No es así, pero tampoco es automático al revés. Conviene decir las dos cosas sin adornos: un test, una consulta o preparar documentación no suspenden un apremio ni un embargo, y presentar el concurso tampoco produce el mismo efecto sobre todos los procedimientos de recaudación — importa la fase en que esté el embargo, el tipo de crédito, su clasificación concursal y las actuaciones ya practicadas. Lo que sí es seguro es la dirección del tiempo: cada mes de espera son recargos nuevos y margen perdido. Si el embargo ya se come tu nómina o tu cuenta, es el momento de analizar el caso, no de esperar a que escampe.
Un caso aparte: si tu deuda con Hacienda o la Seguridad Social viene de una derivación de responsabilidad —eras administrador de una sociedad que dejó deuda—, conviene no dar nada por hecho en ninguna de las dos direcciones. Una derivación no significa que la deuda «no sea tuya»: significa que la Administración ha declarado, mediante un acto administrativo, que respondes de una deuda ajena con el alcance y los conceptos que ese acuerdo fije. Lo que hay que revisar es el acuerdo mismo —motivación, notificación, alcance, conceptos incluidos y si es firme o todavía impugnable— antes de decidir nada. Aquí explicamos el título por el que responde cada quien.
Preguntas frecuentes
¿Se borra toda mi deuda con Hacienda?
No entera, y desconfía de quien lo prometa. Sobre el principal, la exoneración alcanza hasta 10.000 € por acreedor público (íntegros los primeros 5.000 €, el 50 % del exceso después). Pero ojo al matiz que casi nadie cuenta: los recargos y los intereses de demora, cuando tienen la consideración de crédito subordinado, se exoneran por completo sin consumir ese tope según la doctrina del Supremo de 2026 — la clasificación se revisa caso por caso. Lo que quede de principal sigue siendo exigible: se paga, se aplaza o se fracciona según la normativa del organismo.
Debo más de 10.000 € solo a Hacienda, ¿me sirve de algo el procedimiento?
Con frecuencia sí, pero no siempre, y depende de más cosas que el importe: de cuánta deuda privada tengas, de tu patrimonio y tus ingresos, de si hay sanciones, de la viabilidad de un plan de pagos y del coste del propio procedimiento. Lo que sí suele mover la balanza es que la exoneración puede alcanzar íntegramente la deuda privada —tarjetas, préstamos, avales—, que en la mayoría de expedientes es la parte grande. La pregunta correcta no es «¿me lo quitan todo?» sino «¿cómo queda mi situación después?». Eso se calcula con los números delante, no se adivina.
¿Me levantarán el embargo de la cuenta?
Depende de la fase y de la deuda que lo origina — no es automático ni idéntico en todos los casos. Lo que no conviene es decidir con el embargo puesto y sin análisis: ahí es cuando se firman aplazamientos imposibles solo para respirar un mes.
Tengo un aplazamiento en curso con la AEAT, ¿puedo acogerme igual?
Tener un aplazamiento no te excluye del procedimiento; de hecho es una señal de que ya intentaste ordenar los pagos. Cómo encaja ese aplazamiento en la estrategia —mantenerlo, renegociarlo, integrarlo en un plan de pagos— es parte del análisis del expediente.
Soy autónomo y casi todo es RETA e IVA, ¿mi caso es peor?
Es distinto, no necesariamente peor: los límites juegan por administración, el desglose cuota/recargo importa mucho y la deuda privada del negocio sigue siendo exonerable con las reglas generales. El mapa completo del autónomo está aquí, y el detalle de la vía para la deuda con la TGSS, aquí.
Antes de asumir nada, desglosa
La deuda pública es la parte de tu insolvencia donde más se falla por intuición, en las dos direcciones: gente que no inicia el procedimiento «porque lo mío es de Hacienda y no se puede», y gente que firma con quien le promete borrarlo todo. Haz el test de viabilidad: tres minutos, y si tu composición de deuda hace que el procedimiento no te compense, te lo decimos con la misma claridad que si te compensa. Con la AEAT y la TGSS, la única estrategia que funciona es la que parte de los números reales.
